Nueva Ley de Seguridad Privada genera incertidumbre en aeropuertos por doble acreditación

• Más de 90% de los trabajadores de seguridad en aeropuertos representados.
• Doble sistema de acreditación: DGAC y nueva ley.
• Prórrogas hasta noviembre de 2027 buscan facilitar transición.

“Nunca se consideró la realidad aeroportuaria para realizar la ley”, denuncian empresas de seguridad privada que operan en terminales aéreos de Chile. La nueva Ley de Seguridad Privada, que busca modernizar el sistema y unificar la acreditación de trabajadores, ha generado tensión en el sector aeroportuario al no contemplar las figuras especializadas que operan bajo normas internacionales de aviación civil.

Las compañías, que aseguran representar a más del 90% de los empleados de seguridad en aeropuertos desde Arica a Magallanes, reclaman que la normativa no distingue entre la seguridad tradicional y los roles específicos como agentes de seguridad aeroportuaria, operadores de rayos X o coordinadores de seguridad, que ya cumplen con exigentes procesos de certificación de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Según las empresas, la coexistencia de dos regímenes –el de la DGAC y el de la nueva ley– podría impedir que los trabajadores se acrediten a tiempo, comprometiendo la operación de más de un centenar de vuelos diarios. Advierten haber informado la situación a la DGAC y a la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero sin respuesta concreta.

Desde la DGAC, en tanto, señalaron que la ley no excluyó al ámbito aeroportuario y que trabajan en una mesa técnica con la Subsecretaría para armonizar la normativa. Indicaron que las autorizaciones vigentes mantienen su validez hasta su vencimiento y que no existe un riesgo actual para la continuidad operacional. La Subsecretaría de Prevención del Delito coincidió, agregando que las prórrogas hasta noviembre de 2027 buscan facilitar la transición y que no se anticipan cambios inmediatos a la ley.

El conflicto surge porque la ley se diseñó pensando en seguridad privada de centros comerciales o bancos, sin considerar el ecosistema aeroportuario regulado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Las empresas buscan formar una asociación gremial para presionar por modificaciones, mientras las autoridades afirman que el proceso de adecuación está en marcha.