Ley de Reconstrucción: Comisión Mixta resuelve última diferencia y proyecto queda a la espera del Senado

La llamada Ley de Reconstrucción entra en su etapa decisiva. La Comisión Mixta resolvió la diferencia que quedaba pendiente sobre la compensación a los municipios por la exención de contribuciones para determinados adultos mayores. La Cámara de Diputadas y Diputados ya aprobó esa fórmula y ahora se espera el pronunciamiento del Senado.

Si el informe también es aprobado por la Cámara Alta, el proyecto quedará despachado por el Congreso. Sin embargo, el texto conocido no necesariamente se convertirá en la ley que finalmente se publique. El Gobierno ya anunció que formulará un veto, al menos para eliminar la prohibición absoluta del anatocismo. Además, se han presentado requerimientos ante el Tribunal Constitucional por normas relacionadas con la invariabilidad tributaria y la restitución de gastos cuando una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) es anulada.

El Tribunal Constitucional no puede reescribir el proyecto ni sustituir al Congreso, pero sí declarar inconstitucionales determinadas disposiciones e impedir que formen parte del texto definitivo. El veto presidencial, por su parte, deberá volver al Congreso y puede abrir una nueva discusión sobre algunas normas aprobadas.

La estructura principal de la reforma está avanzada, pero todavía existen decisiones capaces de modificar aspectos importantes antes de su promulgación.

El proyecto contempla una reducción gradual del Impuesto de Primera Categoría desde el 27% actual al 25,5% en 2027, al 24% en 2028 y al 23% desde el año comercial 2029. También incluye una reintegración progresiva del sistema tributario, que debería completarse hacia el año tributario 2031. En el debate público suele resumirse como una baja de cuatro puntos para las empresas, pero técnicamente la situación es más compleja: el impuesto lo paga inicialmente la empresa, pero la carga total depende del crédito disponible, el régimen tributario y la decisión de reinvertir o retirar utilidades.

La rebaja sí produce un efecto inmediato: deja más recursos dentro de la empresa. Para una compañía que reinvierte, esa liquidez puede transformarse en capital de trabajo, nuevas contrataciones o expansión. Para una que distribuye utilidades, el efecto final dependerá de la tributación de sus socios. El punto central es qué ocurre después con esa caja: si se convierte en inversión productiva, el impacto puede ser positivo; si se acumula o se invierte fuera de Chile, el efecto sobre la economía local será limitado.

En materia de invariabilidad tributaria, el proyecto ofrece estabilidad por 10, 15 o 20 años a inversiones desde US$ 50 millones, a cambio de un recargo corporativo de 1,5%. Para proyectos mineros, energéticos o de infraestructura, esa certeza es valiosa, pero la tasa nominal resultante de 24,5% no representa una ventaja extraordinaria frente a otros destinos de inversión. Las decisiones empresariales dependen también de la depreciación de activos, créditos tributarios, precio de la energía, infraestructura y calidad institucional.

El mayor riesgo está en el frente fiscal. El Gobierno apuesta a compensar la menor recaudación con crecimiento y contención del gasto, pero el punto de partida es estrecho. La Dirección de Presupuestos proyecta holguras negativas entre 2027 y 2030, y la deuda bruta del Gobierno Central superaría el ancla del 45% del PIB desde 2029. El Consejo Fiscal Autónomo ha advertido que el efecto fiscal neto se mantendría deficitario al menos hasta 2031.

La permisología también genera controversia. La propuesta de restituir gastos a empresas cuando una RCA es anulada busca resolver un problema real, pero sin distinguir si la anulación se debió a un error de la Administración o a deficiencias del titular, podría trasladar riesgos al Estado. La Corte Suprema advirtió que el Fisco podría actuar como asegurador del riesgo regulatorio, y el Consejo Fiscal Autónomo señaló que la norma abre una contingencia sin límite máximo definido.

Finalmente, la Comisión para el Mercado Financiero ha alertado sobre la prohibición absoluta del anatocismo. Eliminar completamente la capitalización de intereses podría afectar operaciones como depósitos renovables, refinanciamientos y préstamos con cuotas variables, además de elevar el costo del crédito para perfiles más riesgosos. La discusión no debería plantearse como una defensa de los bancos frente a los deudores, sino como la búsqueda de un equilibrio que limite abusos sin eliminar herramientas financieras necesarias.