Fiscalía formaliza a 11 imputados por caso Sartor: perjuicio asciende a US$ 193 millones en fondos públicos y privados

Una docena de imputados que hasta hace poco administraban fondos públicos y privados comenzaron a llegar desde temprano al Centro de Justicia de Santiago para la primera jornada de formalización por el caso Sartor. La lista de 11 investigados incluye a los hermanos Pedro Pablo y Carlos Larraín Mery, Alfredo Harz, Óscar Ebel, Mauro Valdés, Miguel León, Rodrigo Bustamante, Hugo Baranda, Sergio Yáñez, Michael Clark y Juan Carlos Jorquera.

La Fiscalía los investiga por posibles delitos de lavado de activos, fraude por omisión de OPA, administración desleal, estafa, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado. En su exposición de tres horas, el ente persecutor sostuvo que los imputados, “abusando de sus facultades de administración, ejecutaron actos contrarios al interés de los aportantes de los fondos públicos y privados, priorizando realizar operaciones crediticias que iban en beneficio de ellos mismos, sus sociedades o terceros”.

El Ministerio Público cifró el perjuicio total en aproximadamente US$ 193 millones, equivalente a unos $180 mil millones, desglosado en US$ 78,6 millones en fondos públicos y $104.640 millones en otras pérdidas. Según la formalización, “se defraudó a inversionistas, personas jurídicas y naturales, pues se aparentaba una correcta administración de los respectivos fondos, ello mediante la entrega de información falsa tanto a los aportantes como al mercado en general y así como al ente regulador”.

Entre las operaciones cuestionadas destaca el financiamiento por US$ 33,53 millones al proyecto inmobiliario Faena Residences en Miami, cuyo principal beneficiado sería Pedro Pablo Larraín. También se menciona un préstamo de $875 millones a Redwood Capital SpA, sociedad ligada a Michael Clark, para adquirir bonos que luego fueron revendidos a otro fondo de la gestora con una ganancia impropia. Asimismo, la Fiscalía apuntó a los Contratos de Asociación para Inversiones (CAI), con los que la matriz del grupo captaba recursos sin la fiscalización directa de la Comisión para el Mercado Financiero.

Michael Clark, exdirector de Sartor AGF y expresidente de Azul Azul, fue el único imputado en declarar a la prensa. “Estoy tranquilo, sé lo que he hecho y espero que esto avance para que se puedan establecer las responsabilidades. Siempre he pensado que esto terminará cayendo por su propio peso”, señaló. La Fiscalía también lo acusa de lavado de activos y fraude por omisión de OPA en la arista relacionada con la propiedad de Azul Azul, donde habría utilizado fondos ilícitos para adquirir su participación.

La audiencia se retomará este viernes y se extenderá durante la próxima semana. El caso Sartor escaló en noviembre de 2024, cuando la CMF suspendió fondos de Sartor AGF por fallas en valorizaciones y operaciones con relacionados, y revocó su existencia en diciembre. Desde entonces, la investigación penal tomó el centro, con diligencias de Fiscalía que culminaron en esta formalización.