Gobierno define esta semana fórmula para destrabar corredores del Gran Concepción tras cese de concesión a grupo español Azvi

La controversia por el término de la concesión de los corredores de transporte público del Gran Concepción, que había sido adjudicada al Consorcio Electro Cointer, ligado al grupo español Azvi, obligó al Ministerio de Obras Públicas (MOP) a acelerar la búsqueda de una solución. La fecha límite es el próximo viernes 21 de agosto, cuando el Presidente José Antonio Kast visitará la región del Biobío.

La decisión, gatillada por Hacienda el pasado 24 de julio, dejó en suspenso un proyecto que contempla inversiones por US$ 400 millones y fue calificada por la industria como el impasse más grave en la historia del sistema de concesiones chileno. El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, aseguró que las obras se realizarán, pero como proyecto público, manteniendo el diseño y los plazos para que esté operativo a fines de 2031.

Las críticas no se hicieron esperar. La presidenta de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), Gloria Hutt, dijo que “esta decisión afecta negativamente el modelo de concesiones y constituye una señal de alerta para la atracción de inversiones”. En tanto, Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), señaló que la medida “contradice absolutamente lo que ha sido el discurso del Presidente” respecto a la promoción de la asociación público-privada.

El gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, convocó a alcaldes, consejeros regionales y gremios para unificar posturas. El alcalde de Talcahuano advirtió que cualquier alternativa a la concesión retrasará el inicio de operaciones en cuatro años. “Como región no estamos conformes con la propuesta del gobierno y el mejor camino es la concesión”, enfatizó Giacaman tras el encuentro.

En el ámbito privado, la preocupación se extiende a otras empresas españolas con presencia en Chile, como Sacyr y OHLA, que ven en este caso una señal adversa para futuras inversiones. Un informe del Instituto Coordenadas para la Gobernanza y la Economía Aplicada advierte que “el problema no son los US$ 400 millones suspendidos, sino el precedente”, señalando que existen más de veinte iniciativas por US$ 10.000 millones adjudicadas que no han iniciado obras.

Mientras el MOP analiza posibles fórmulas, entre ellas una combinación de ejecución pública con concesiones de áreas específicas, las gestiones diplomáticas y del sector privado continúan. El próximo hito será la jornada inaugural del Chile Day en Madrid, el 14 de septiembre, donde se espera que las autoridades aborden el tema ante los representantes de empresas españolas. La definición clave, según fuentes oficiales, debería quedar clara durante la visita presidencial a la región del Biobío.