Gobierno logra aprobar Megarreforma en el Senado y ahora enfrenta el desafío de la reforma constitucional en seguridad

La aprobación de la Megarreforma en el Senado —con 26 votos a favor— le permitió al Gobierno mostrar una capacidad que necesitaba: construir mayoría y sacar adelante una iniciativa emblemática. Sin embargo, para el decano de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Dr. Marco Moreno, una victoria legislativa no equivale necesariamente a una victoria política, y esa diferencia se vuelve clave ahora que La Moneda busca proyectar el impulso hacia una reforma constitucional en seguridad.

La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) tiene como una de sus principales apuestas elevar la seguridad pública a rango constitucional. El problema, advierte el académico, es que el respaldo ciudadano en seguridad no se traduce automáticamente en los votos necesarios para modificar la Constitución. La reforma constitucional exige cuatro séptimos de los parlamentarios en ejercicio, una mayoría distinta a la que se logró con la Megarreforma y que obliga a ampliar acuerdos y, antes que eso, a mantener ordenada la propia coalición.

Y ahí aparece una primera señal de riesgo. La victoria legislativa quedó rápidamente rodeada de ruido oficialista. Las dudas sobre la necesidad y el alcance del cambio constitucional llevaron al ministro Martín Arrau a aclarar que no se trata de una “megarreforma constitucional”, sino de modificaciones acotadas, buscando despejar el temor de algunos sectores de la derecha a reabrir una discusión que consideraban cerrada tras dos procesos fallidos.

A ese ruido se sumó la controversia por un nuevo requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC). Que el ministro del Interior y vocero del Gobierno, Claudio Alvarado, haya señalado desconocer una decisión políticamente sensible traslada el problema desde la comunicación hacia la forma en que se toman las decisiones en La Moneda.

Moreno plantea que un gobierno puede ser fuertemente presidencializado y, aun así, tener varios centros de decisión que no siempre conversan entre sí: Hacienda procesa desde la lógica fiscal, Segpres desde la legislativa y cada ministerio desde su sector. Si falta una instancia capaz de integrar políticamente esas decisiones antes de ejecutarlas, Interior queda obligado a administrar sus consecuencias.

Ese déficit de centro de gobierno puede resultar especialmente costoso para una reforma constitucional. Construir cuatro séptimos requiere más que buenos argumentos en seguridad: necesita conducción política, confianza entre los socios y una estrategia parlamentaria consistente, y todo eso ocurrirá mientras el Gobierno negocia el Presupuesto 2027 y Hacienda abre otros frentes, como las reformas al mercado de capitales y al Estatuto Administrativo.

El riesgo, según el análisis, es el de una sobreextensión política. Las mayorías no se acumulan como un saldo disponible después de cada triunfo: cada reforma modifica intereses, activa resistencias y obliga a construir nuevos acuerdos. Tampoco la descoordinación opositora que facilitó la Megarreforma puede considerarse una condición permanente.

Para Kast, la seguridad es el eje de un posible segundo tiempo, y una apuesta constitucional fallida tendría un costo mayor, no porque debilite la ACOT completa, sino porque convertiría el instrumento escogido para fortalecer su principal bandera en una nueva prueba sobre la capacidad política del Gobierno. La Megarreforma demostró que La Moneda puede ganar una votación difícil; el camino constitucional de la ACOT plantea otra pregunta: si el Gobierno está leyendo bien esa victoria o corre el riesgo de sobregirarla.