Serviu O'Higgins inspecciona 64 viviendas de Villa Parque San Martín en Rengo por posible uso irregular

La maquinaria fiscalizadora del Ministerio de Vivienda y Urbanismo llegó hasta la comuna de Rengo. Un equipo de nueve funcionarios del Serviu O’Higgins inspeccionó la tarde del miércoles 19 de agosto 64 de las 202 viviendas que componen Villa Parque San Martín, en busca de posibles incumplimientos en el uso de los inmuebles financiados con subsidios estatales.

De acuerdo a lo informado por la propia cartera, la revisión arrojó antecedentes que serán analizados: viviendas que estarían desocupadas y otras donde habitarían personas que no pertenecerían al núcleo familiar declarado por los beneficiarios. La jornada dio continuidad a una visita previa realizada durante un fin de semana, en la que ya se habían observado situaciones similares.

Villa Parque San Martín fue entregada en julio de 2025 a familias de los comités Bicentenario y Adonay. El proyecto se construyó mediante el Fondo Solidario de Elección de Vivienda DS49, con una inversión de 315 mil UF, e incluye casas de dos pisos, áreas verdes y equipamiento comunitario.

El seremi de Vivienda y Urbanismo de O’Higgins, Christian Villegas, explicó que el operativo forma parte de un plan regional de fiscalización que también ha considerado conjuntos habitacionales en Graneros y Peralillo. "Hemos concurrido en días y horarios distintos y seguimos encontrando viviendas desocupadas y otras habitadas por terceros que no forman parte del grupo familiar beneficiario", señaló la autoridad, agregando que se entregaron las notificaciones correspondientes y que Serviu iniciará la revisión de cada caso.

Desde el Serviu aclararon que la notificación no implica por sí sola la existencia de una infracción. Las personas beneficiarias podrán presentar sus antecedentes y acreditar la ocupación efectiva del inmueble, respetándose las etapas administrativas y legales establecidas. Esta precisión busca evitar que se anticipe un juicio sobre las familias que aún no han podido regularizar su situación.

La fiscalización se enmarca en los anuncios del ministro de Vivienda y Urbanismo, Ivan Poduje, quien planteó extender de cinco a diez años las restricciones asociadas al uso de las viviendas sociales e intensificar los controles durante el primer año desde su entrega. Según antecedentes entregados por el secretario de Estado, entre un 9% y un 11% de las viviendas sociales del país podría tener un uso irregular, con situaciones como mantener la propiedad deshabitada, arrendarla o cederla sin autorización, transferirla durante el periodo de prohibición o destinarla a fines distintos del habitacional.

Cuando existen indicios de estas conductas, Serviu puede iniciar procedimientos administrativos o legales y, dependiendo de los antecedentes acreditados, solicitar la restitución del subsidio. "Mientras miles de familias esperan una solución habitacional, debemos asegurar que las viviendas financiadas con recursos públicos permanezcan en manos de quienes realmente las necesitan", concluyó Villegas.

Quienes tengan antecedentes sobre un posible uso irregular de viviendas subsidiadas pueden presentar una denuncia en el canal oficial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo: www.denuncia.minvu.cl.