Tribunal Constitucional desestima recurso de Gobierno sobre restitución gratuita de servicios en catástrofes

El pleno del Tribunal Constitucional, presidido por María Pia Silva, resolvió este martes que el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Presidente José Antonio Kast y varios ministros no tiene fundamento. La decisión, tomada con nueve votos en contra y solo uno a favor, desestima la solicitud que buscaba declarar el artículo 31 de la ley de reactivación y reconstrucción como contrario a la Carta Fundamental.

El artículo obliga a las empresas concesionarias de energía, agua y gas a reconectar gratuitamente y sin condición previa de pago, dentro de 48 horas desde la solicitud, a los usuarios domiciliados en zonas de catástrofe que hayan sido desconectados por morosidad. En el caso de agua potable y alcantarillado, el plazo sería de 24 horas.

El abogado Joaquín Palma, quien representó al Ejecutivo en el pleno, argumentó que la norma “arriesga vidas” al imponer un plazo único de 48 horas sin considerar la verificación de instalaciones interiores, requisito que la normativa de gas exige para evitar explosiones o fugas. También sostuvo que la presión sobre las cuadrillas de trabajo “arriesga su propia vida e integridad” y la de las comunidades que deben reconectar.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, comentó brevemente el resultado: “Como procede en una democracia con separación de poderes, los fallos no se comentan, se acatan. Lo relevante es que un tribunal desestimó una presentación del Presidente y, de acuerdo al tribunal, la norma es constitucional.”

El ministro secretario general de la Presidencia, José García, añadió que “lo de servicios básicos tenemos que resolverlo, por supuesto”. La alternativa que le queda al Ejecutivo es impulsar un proyecto de ley que incorpore la norma, aunque el proceso implicará un costo mediático significativo.

La sentencia se publicará en un plazo de diez días hábiles. Mientras tanto, el Gobierno debe preparar la incorporación de la norma en la ley aprobada por el Congreso y promulgar el texto en el Diario Oficial.