Radio Pasión FM
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general y despachó al Senado el proyecto de ley boletín 17662, que busca sancionar con cárcel y multas las agresiones físicas y ofensas contra funcionarios policiales, habilitando además la detención por flagrancia.
El proyecto establece una hipótesis agravada de atentado contra la autoridad y contempla que, cuando los hechos recaigan sobre Carabineros, PDI o Gendarmería, solo se aplicará la pena privativa de libertad, eliminando vías alternativas.
Actualmente, el Código Penal castiga los ataques con presidio menor en su grado medio, entre 541 días y 3 años, junto con multas de 11 a 15 UTM (equivalentes a $788.931 a $1.075.815). El proyecto suma agravantes si los infractores operan en grupo o amparados en este.
En el plano de las faltas, el texto tipifica como infracción insultar u ofender gravemente a funcionarios policiales en servicio, "menoscabando la dignidad o el respeto del cargo". La sanción consistirá en prisión hasta 60 días y multa de una a cuatro UTM (hasta $286.884).
Este mismo régimen de multas y reclusión se aplicará a quienes ofendan a personal de Gendarmería fuera de los recintos carcelarios, siempre que los actos ocurran en el ejercicio de sus funciones institucionales.
La propuesta, originada en una moción de la diputada Ximena Ossandón junto a los parlamentarios Eduardo Durán, Mauro González y Diego Schalper, fue aprobada por 96 votos a favor, 34 en contra y 14 abstenciones, tras un debate que contempló dos jornadas en Sala.
Durante la sesión, el diputado Luis Alberto Cuello ingresó una reserva de constitucionalidad, argumentando que sancionar estas conductas "vulnera el principio de libertad de expresión" y transgrede directrices de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre desacato.