Congreso busca sancionar a jefes de servicio por demoras en sumarios

Tras la publicación de la Contraloría sobre demoras en sumarios administrativos, el Congreso ha iniciado una discusión para establecer responsabilidades y sanciones a los jefes de servicio. La diputada Joanna Pérez anunció que llevará el tema a la Comisión de Gobierno de la Cámara y buscará ampliar la revisión a las municipalidades, que no fueron consideradas en las cifras iniciales.

El último Consolidado de Información Circularizada, elaborado tras consultar a 662 organismos públicos, reveló que 485 funcionarios públicos permanecen suspendidos de sus funciones y continúan recibiendo remuneraciones. Entre los casos más extensos, algunos alcanzan cuatro años y siete meses, y solo entre los diez de mayor duración se habría desembolsado cerca de 671 millones de pesos en remuneraciones.

La Contraloría señala que el plazo legal para resolver un sumario es de 60 días, pero varios fiscales han tardado años en concluirlos. Según el director de la Escuela de Administración Pública UDP, Rodrigo Espinoza, quienes están a cargo de estos casos, tanto el fiscal designado como el director del organismo, pueden ser sancionados mediante un sumario por la extensa demora.

El director de la Escuela de Derecho U. Finis Terrae, Pablo Alarcón, precisó que para que eso suceda, se debería abrir otro sumario por parte de una autoridad superior. “Hay una tardanza del fiscal, pero ¿es solo él el responsable? No, porque justamente quien lo designó como fiscal también eventualmente podría tener responsabilidad administrativa, pero para eso habría que hacer un nuevo sumario, esta vez contra el director del servicio”, explicó.

Los diputados han solicitado al Consejo de Defensa del Estado evaluar posibles acciones civiles y penales contra quienes resulten responsables de las extensas demoras. El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, enfatizó la necesidad de una respuesta clara y contundente de los encargados de la fiscalización, mientras la diputada Joanna Pérez reiteró que la Comisión de Gobierno abordará el tema junto a Contraloría para ampliar la revisión a las municipalidades.

El desafío ahora será determinar qué cambios administrativos o legislativos son necesarios para evitar que los sumarios se prolonguen durante años. Desde el Congreso apuntan a establecer responsabilidades y avanzar en mecanismos que permitan acelerar estos procesos.