Corte Suprema se prepara para fallar en caso de usurpación de terrenos en Pichilemu

La Corte Suprema de Chile se encuentra a pocos días de emitir una decisión que podría cambiar el destino de más de 3,700 metros cuadrados de playa en la comuna de Pichilemu, en la Región de Los Lagos. Daniel Parada Aliaga, quien ha mantenido una larga disputa legal con la Municipalidad de Pichilemu, pretende que la Corte reconozca su derecho a la inscripción de terrenos que la comunidad y las autoridades consideran bienes de uso público.

Según la documentación presentada, la controversia se remonta a 2007, cuando vecinos de la zona solicitaron la inscripción de áreas verdes frente a la Avenida Costanera. El proceso inició con la inscripción de 4,205.42 m² como bien fiscal, y a lo largo de los años se han presentado múltiples demandas y recursos judiciales. En 2018, un fallo del Juzgado de Pichilemu negó la reclamación de Parada Aliaga como parte de la herencia de Ana Bianchi. Ese fallo fue confirmado por la Corte de Apelaciones de Rancagua y, posteriormente, por la Corte Suprema.

Recientemente, el Consejo de Defensa del Estado presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema, solicitando la anulación de la sentencia que favoreció al privado. El tribunal está a la espera de una comparecencia programada para el 19 de mayo de 2026. Si el recurso se acepta, la Corte tendría que revocar la sentencia que permite la inscripción del terreno a nombre de Parada Aliaga y restituir el control a la comunidad.

El riesgo más alarmante, según los defensores de la zona, es la posible pérdida de 37,253 m² (aproximadamente 3,7253 hectáreas) de playas públicas. El 80% de estos terrenos se ubican frente al mar, y su eventual privatización pondría en peligro la accesibilidad y el uso comunitario de la costa, incluyendo las rocas de Lalo y otras áreas de interés local.

La Municipalidad de Pichilemu ha sido cuestionada por su falta de acción para proteger estos bienes. A pesar de la presión de los vecinos y de la intervención del Consejo de Defensa del Estado, no se ha tomado ninguna medida decisiva para salvaguardar la zona. El caso también destaca la participación de notarios y conservadores que, según los acusadores, han facilitado la inscripción de terrenos que deberían permanecer bajo control público.

La comunidad local espera que la Corte Suprema tome una decisión que proteja los recursos naturales y el patrimonio de la zona. El resultado de este proceso judicial tendrá repercusiones significativas para la gestión de la playa y el uso público de la costa en Pichilemu.