Contraloría reporta reducción de 63% en funcionarios que viajaron al extranjero con licencia médica

La Contraloría General de la República publicó el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 26, reporte que evidencia una notable disminución en los casos de funcionarios públicos que viajaron al extranjero durante periodos de licencia médica. Según el informe, el año 2025 contabilizó 7.207 servidores públicos con esta conducta, marcando una reducción del 63% en comparación con los registros de 2023 (19.963 casos) y 2024 (19.597 casos).

El análisis del organismo fiscalizador también identificó un patrón de conducta preocupante: un total de 4.522 personas registraron viajes internacionales asociados a reposos médicos en dos de los tres años analizados, mientras que 566 funcionarios repitieron la conducta en los tres periodos evaluados. Tras la emisión del primer reporte sobre la materia en mayo de 2025, se identificó a 1.299 servidores con salidas del país en reposo, de los cuales 320 ya figuraban en revisiones anteriores.

En el desglose por instituciones públicas, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) encabezó el listado de 2025 con 346 licencias médicas asociadas a viajes fuera del territorio nacional, aunque con una importante reducción respecto a los 1.263 casos registrados en 2023. Le siguieron la Fundación Integra con 326 licencias, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Chinchorro con 207 casos, la Municipalidad de Arica con 165 y el Servicio de Salud Magallanes con 162 permisos médicos vinculados a desplazamientos internacionales.

Ante estos resultados, la Contraloría ordenó a las instituciones públicas involucradas instruir procedimientos disciplinarios para determinar las responsabilidades administrativas correspondientes. Los repartos estatales deberán remitir las resoluciones respectivas en un plazo máximo de cinco días a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD).

Paralelamente, el órgano fiscalizador remitirá los antecedentes acumulados a la COMPIN, la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado para las acciones legales y sancionatorias que correspondan dentro de sus atribuciones.

Desde la Contraloría valoraron que la primera intervención "ha contribuido a una reducción sostenida y significativa" de estos episodios, aunque reconocen la persistencia de un grupo de funcionarios con comportamiento reiterado que requiere atención especial.